Esta petición tiene por objeto solicitar a los legisladores la inclusión de requisitos en materia electoral y de partidos políticos impidiendo que cualquier persona que tenga condena penal en primera instancia o condena confirmada por un tribunal superior (condena en segunda instancia) (1) por delitos dolosos graves pueda ser precandidata (en elecciones primarias) o candidata (en elecciones generales) a cargos de elección popular. La referida inhabilitación temporal se debería mantener vigente hasta la revocación de la condena o el cumplimiento de la pena.

Esto anterior como punto de partida para avanzar gradualmente en la aplicación de la exigencia de idoneidad para todo cargo o empleo público. 

Coincido plenamente con Sagües (2) cuando expresa que el principio de idoneidad estriba en carecer de antecedentes penales, en tanto cuanto mayor sea la jerarquía del empleo o de la función, mayor debe ser el grado de moralidad a exigirse. 

De la lectura del artículo 36 de la Constitución Nacional es posible advertir la presencia de tres tipos de delitos penales de carácter constitucional siendo uno de ellos el de "grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento...". Desde la reforma de 1994 se consideran atentados contra el sistema democrático al igual que un golpe de estado (mencionado en otro párrafo del citado artículo). Por esta razón este tipo de delitos debe estar incluido obligatoriamente en todo proyecto de ley mas allá de otros delitos del Código Penal que pudieran ser también alcanzados. 

Gastón Ignacio Marra

1. Esta prohibición rige de pleno derecho ante esas dos situaciones y no puede ser suspendida ni dejada sin efecto por otro tribunal, por recurso alguno ni por ninguna presentación judicial que se realice.

2. SAGÜES, Néstor, “La reglamentación del principio constitucional de idoneidad” Revista jurídica argentina La Ley 1980.