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A unos días del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023, se conoce un informe histórico sobre la economía del agua que dibuja un panorama bastante complejo. Nos enfrentamos a la perspectiva de un déficit del 40 % en el suministro de agua dulce para 2030, señalan los investigadores. La crisis ya ha llevado a comunidades y regiones enteras del Sur Global a una grave inseguridad alimentaria. El nexo agua-energía-alimentos, empeorado por las restricciones a la exportación de alimentos, también ha contribuido a que los precios de los alimentos se disparen en los últimos 15 años, por ejemplo.
El informe fue realizado por la Comisión Global sobre la Economía del Agua (GCEW, por sus siglas en inglés), una entidad convocada por el Gobierno de los Países Bajos y facilitada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Fue lanzada en mayo de 2022 con un mandato de dos años y es ejecutada por un grupo independiente y diverso de expertos formuladores de políticas e investigadores en campos que aportan nuevas perspectivas a la economía del agua.
“Estamos viendo las consecuencias no de eventos extraños, ni del crecimiento de la población y el desarrollo económico, sino de nuestra mala gestión del agua a nivel mundial durante décadas”, dicen los investigadores. Hay varios elementos clave para dimensionar esa realidad. Más de dos mil millones de personas aún carecen de acceso a agua gestionada de manera segura. Un niño menor de cinco años muere cada 80 segundos por enfermedades causadas por agua contaminada y cientos de millones de niños crecen con retraso en el crecimiento.
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Las acciones humanas son ahora una fuerza de cambio tan grande en la Tierra, advierten los investigadores, que el ciclo hidrológico está cambiando e interactuando con el cambio climático y ecológico, lo que amenaza la fuente de toda agua dulce: la precipitación. Ningún país, ni siquiera el más grande, depende de su propio territorio como fuente de más de la mitad de sus precipitaciones. Por eso, las naciones deben comenzar a gestionar el agua como un “bien común global”. El informe establece recomendaciones clave.
Agua como bien global
“Significa reconocer que las comunidades y las naciones están conectadas regional y globalmente; que el agua está cada vez más entrelazada con el cambio climático y el agotamiento del capital natural del planeta”
Acceso para todos
“Debemos cumplir con el derecho humano al agua potable. Debemos actuar colectivamente para estabilizar el ciclo global del agua. Significa movilizar a múltiples partes interesadas, públicas, privadas, de la sociedad civil y de la comunidad local; utilizar la política de innovación para catalizar soluciones a problemas concretos; y aumentar las inversiones en agua a través de nuevas modalidades de alianzas público-privadas”.
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Dejar de devaluar el agua
“La fijación de precios adecuada junto con el apoyo específico para los pobres permitirá que el agua se use de manera más eficiente en todos los sectores, de manera más equitativa en cada población y de manera más sostenible tanto a nivel local como global. También debemos tener en cuenta el valor no económico del agua en la toma de decisiones para asegurarnos de proteger la naturaleza, de la que depende el planeta y toda la vida”.
Eliminar subsidios a la agricultura
“Debemos acelerar los esfuerzos para exigir la divulgación de las huellas hídricas, que son clave para orientar el capital y las preferencias de los consumidores a favor de prácticas sostenibles. Cada uno de estos pasos nos permitirá redirigir los recursos hacia incentivar la conservación del agua y el acceso universal”.
Gobernanza del agua
“La política comercial debe utilizarse como una herramienta para un uso más sostenible del agua, mediante la incorporación de estándares de conservación del agua en los acuerdos comerciales, destacando los subsidios de agua derrochadores y asegurando que las políticas comerciales no exacerben la escasez de agua en las regiones con escasez de agua. El multilateralismo también debe apoyar el desarrollo de capacidades para todos, priorizar la igualdad de género en la toma de decisiones sobre el agua y empoderar a los agricultores, las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y las comunidades locales, y los consumidores que están en la primera línea de la conservación del agua”.