Análisis de la coyuntura actual, mas compleja que nunca del colectivo de interinos
Trabajadores temporales recurren ante la justicia su exclusión en los procesos de estabilización de la ley de interinos
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02/7/2022 01:30
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Actualizado: 02/7/2022 01:49
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Complicado es el escenario que se dibuja desde los procesos de estabilización que están en marcha en todo el país para estabilizar a los cerca de 900.000 interinos en fraude de ley. La falta de plazas que ya denunciaba Confilegal ha hecho que se multipliquen las reclamaciones en via judicial, especialmente en administraciones autonómicas.
En este contexto, la coyuntura no invita al optimismo; procesos de estabilización que no cumplen la ley 20/2021, dos procedimientos de infracción en la UE abiertos, aun sin archivar y varias cuestiones prejudiciales en el TJUE que pueden en el futuro tumbar la ley 20/2021, dibujan un panorama incierto, donde parece complicado que en diciembre del 2024 hayan concluido estos procesos de estabilización.
El pasado 3 de Junio representantes de la Coordinadora Estatal de Empleados Públicos Temporales [CEEPT] y de varias plataformas autonómicas de personal temporal , acompañados del abogado Javier Araúz , mantuvieron una reunión con Elena Martín Alonso, asesora de la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en representación de la Presidencia de la Comisión de Peticiones para explicarles la situación y hacer seguimiento de la petición de un interino de Cádiz vinculado a ASEPAT.
La ley de interinos no se cumple
Javier Arauz de Robles, abogado del Estado en excedencia, va de camino a Extremadura cuando atiende a Confilegal. Antes estuvo en Barcelona y Sevilla explicando a empleadores y colectivo de interinos como entender esta ley 20/2021 que genera tantas interpretaciones. “Hay un desorden importante en las administraciones públicas en la aparición de estos procesos de estabilización. No se han incluido todas esas plazas y algunas de ellas están en el proceso selectivo equivocado. Realmente pocas administraciones saben las plazas que tienen que sacar y quién las ocupa”.
Arauz como señalaba a nuestro medio recientemente “se incumple la ley de forma sistemática a la hora de interpretar esta nueva normativa no se incluyen todas las plazas que deberían salir a concurso de méritos y concurso oposición según señalan las disposiciones sexta y octava de la norma. Sacan aquellas que creen oportuno de forma arbitraria. El caos es importante”.
Para este jurista “esta situación es algo absurda, después de tanto tiempo tenemos una normativa, gracias al TJUE y a las reclamaciones de los interinos, que puede arreglar el abuso de la temporalidad y aun asi hay interpretaciones restrictivas o de forma arbitraria, cuestión que no se entiende. Esto lo que hace es generar más problemas y cronificar una problemática que no tiene sentido”.
Al final la solución es la impugnación de dichos procesos selectivos “a los trabajadores en fraude les queda dos caminos, hacer esa impugnación de dicha convocatoria, con lo cual nos vamos a judicializar el problema y alargarlo el proceso de cinco a ocho años”.
“Y al mismo tiempo reclamar fijeza para beneficiarse de las sentencias del TJUE con motivo de las cuestiones prejudiciales que están pendientes. Algunas de ellas plantean la fijeza para solucionar este problema”, comenta. Arauz acaba de lograr que el juzgado de lo social 32 de Madrid obligue al ayuntamiento de Alcobendas a readmitir a un trabajador que despidió, estando en fraude de ley al que reconoce el carácter indefinido de su relación profesional “, también lo están haciendo otros juzgados que reconocen la fijeza”.
Este jurista recuerda todas las conquistas que han logrado estos trabajadores en fraude de ley “solo demandando se han logrado hitos importantes y sentencia del TJUE destacadas, hemos pasado del despido libre y gratuito a la ley 20/2021 de reducción de la temporalidad”.
No salen todas las plazas
Por su parte, desde Madrid, Beatriz González, abogada experta en derecho administrativo y vinculada desde hace diez años a este tipo de reclamaciones, comenta la conflictividad de la situación “frente a algunas administraciones que están cumpliendo la ley hay muchas otras que no se les ve con el ánimo de estabilizar a estos profesionales ni de reducir la temporalidad”.
Para esta jurista “hay muchas plazas que no se están convocando, pese a lo que señalan las disposiciones sexta y octava de la ley 20/2021. No se están dando demasiadas garantías al cumplimiento de la ley, como puede verse”.
A su juicio “hay una falta de compromiso por parte de esas administraciones de dar cumplimiento a la citada normativa. Esta norma deja claro las plazas que deben ir a concurso de méritos y a concurso oposición, son distintas administraciones las que actúan de forma poco transparente incumpliendo dicha normativa”.
También recuerda González “a aquellas personas que fueron cesadas con anterioridad a la entrada de la normativa actual y otras que sus plazas fueron convocadas en los procesos de estabilización del 2017 y 2018, que se han quedado
sin la sanción a su abuso en fraude de ley”.
Esa impugnación supone “ que hay dos meses desde que salieron las listas para impugnarlas. Primero hacerlo en vía administrativa, con el recurso de reposición ante la misma administración o recurso de alzada a la instancia superior y si se deniega acudir a los juzgados contenciosos administrativos. Son procedimientos largos al final”.
A su juicio “este tipo de cuestiones no tiene tanta interpretación como las sentencias del TJUE, la labor de los tribunales es saber si ese afectado cumple o no los requisitos para que su plaza se saque a concurso. Creo que la revisión es más sencilla, la ley dice claramente los requisitos para que las plazas vayan a concurso de méritos”.
Otra problemática que apunta es la baremación de los méritos “esto es algo que tienen de plazo hasta diciembre del 2022 para hacerlo todas las administraciones, pero por lo que se ve ese baremo de méritos va a ser diferente y polémico en muchas administraciones locales”.
González cree que habrá que estar atento a las sentencias últimas del TJUE, “hay una que cuestiona el régimen de responsabilidad patrimonial del estado español por infracciones de derecho de la UE que habrá que seguir su recorrido y una reciente que reconoce que la antigüedad de los temporales debe contarse para las provisiones de los puestos de trabajo.
Errores voluntarios que excluyen plazas
Por su parte, en Vigo, Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, también constata la preocupación de los profesionales en fraude
de ley que no aparecen en estas ofertas de estabilización que ya se han hecho públicas “Tenemos llamadas que nos dicen que su plaza no está incluida y nos piden apoyo legal para ver qué pueden hacer en esta situación”.
En esa coyuntura “se le explica que se puede reclamar e incluir su plaza en ese concurso de méritos. Lo que está pasando es que muchas plazas no se incluyen ni en concurso de méritos ni en concurso oposición y que en otras ocasiones las plazas salen erróneamente a concurso cuando tenían que ir al concurso oposición”
“Ante ello, primero se presenten alegaciones y luego se impugna el proceso selectivo en vía contenciosa. En administración local se va directamente a recurso de reposición o vía contenciosa. A nivel autonómica y Administración General del Estado hay opción
al recurso de alzada antes de ir a la vía judicial”.
“Estos procesos llevan un tiempo. pero los afectados no tienen alternativa a reclamar porque al haber menos plazas convocadas de las que se presumía, muchos de ellos pueden perder su puesto de trabajo”.
Este jurista cree que la ley 20/2021 dejaba bastante que desear “sin embargo era clara en cuanto a la convocatoria de plazas, que si la persona cubría una necesidad estructural desde antes de enero del 2016 tenia que ir a concurso de méritos, pero no se está cumpliendo”.
Sobre los tribunales, Valero revela que muchos jueces de lo social están optando por conceder la fijeza “frente a los de lo contencioso que hay mucha resistencia a ello.
Habrá que ver como impactan las sentencias del TJUE que estamos esperando, sobre todo en las cuestiones prejudiciales planteadas y que cuestionan la viabilidad de la ley 20/2021”.
Para este experto “la situación no se va a arreglar hasta que no exista una jurisprudencia contundente que obligue a la administración a cambiar su legislación para adaptarse a la realidad. Mientras eso no suceda, todo se va a judicializar. Todavía queda mucho por avanzar y el camino hay que hacerlo via tribunales, en estos momentos”.
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