Los bufetes principales de la abogacía de los negocios han intensificado sus equipos de derecho público de cara a dar un mejor asesoramiento en las relaciones con la administración. Foto: Confilegal.
Fondos europeos, licitaciones, conflictos con las administraciones: los bufetes refuerzan sus áreas de derecho público y regulatorio
El movimiento ha sido importante en este año y la previsión es que para el año 2022 siga el baile de profesionales, muchos de ellos procedentes de la administración
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02/12/2021 06:48
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Actualizado: 01/12/2021 20:41
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La llegada de los Fondos Europeos Next Generatión y los efectos de la pandemia han situado en primer plano las relaciones con la administración como eje de gran parte de la actividad de los despachos de abogados y empresas de nuestro país.
En este escenario, los principales bufetes de la abogacía de los negocios han intensificado sus equipos de derecho público de cara a dar un mejor asesoramiento en esas relaciones con la administración, en sus tres niveles, estatal autonómico y local que no es sencillo.
El movimiento ha sido importante en este año y la previsión es que para el año 2022 siga el baile de profesionales, muchos de ellos procedentes de la administración, que se toman la excedencia para trabajar en estos despachos de abogados.
Junto con ello, los sectores regulados como energía , electricidad, gas, hidrocarburos, aguas, costas, también generan relaciones con las administraciones y su conflictividad.
El paso de Fermín Garbayo, de la firma Gómez Acebo & Pombo a Dentons como socio responsable de energía, y el más reciente de Felix Plasencia de EY Abogados a Cuatrecasas, también en energía, han sido muy comentados en el sector legal.
Lo público crece en los bufetes
Alberto Dorrego, socio director del área publica de Eversheds Sutherland, explica que en una firma internacional como la suya con cerca de cien profesionales, «somos dos socios principales, ocho asociados senior y dos ‘of counsel’ de alto nivel, que trabajan con equipos de regulatorio. Ahora se han incorporado dos abogados y como ‘of counsel’ a José Carlos Laguna de Paz, catedrático de Derecho Administrativo, muy volcado a la parte económica”.
Este jurista aclara que este año “ya se ha generado mucha actividad entre las empresas y las diferentes administraciones públicas. Les asesoramos en esa relación y en los posibles conflictos que surjan y que acaban en la vía contenciosa administrativa porque nuestra Administración no es proclive a dialogar. Los conflictos se han incrementado de forma notable”.
Desde su punto de vista, “en relación con la pandemia ha habido muchas situaciones conflictivas, contratos que no se han cumplido, problemas con las concesiones. La problemática con AENA ahí esta y sus inquilinos concesionarios a los que tiene que bajar la renta pero que va a judicializar estos asuntos. El Estado se resiste a pagar e indemnizar las personas que han sido damnificadas por estas circunstancias pandémicas”.
Otra cuestión que explica es la crisis de las materias primas, “el Estado se resiste a tener que tomar medidas para paliar la situación de contratistas y concesionarios que están en una situación complicada a nivel de supervivencia económica”.
Para este experto, la judicialización de la actividad pública parece clara “no es previsible que haya un colapso en la jurisdicción contenciosa aunque hay un problema en la Sala Tercera del Supremo, la sala esta perdiendo magistrados porque el CGPJ no puede hacer nombramientos por su situacion de interinidad, los magistrados son mayores. Hay cinco vacantes y los próximos meses habrá mes.
Eso hace que el Supremo haya puesto la casación contenciosa más complicada, como ya han señalado otros expertos consultados por Confilegal.
Para Dorrego, la Ley de Contratos del Sector Público, pese a los años que lleva en vigor, no ha ayudado a reducir la complejidad de las licitaciones administrativas, “la conflictividad es enorme en el sector. Hay muchas licitaciones que se impugnan. Es un sector complicado y tiene una legislación defectuosa porque las directivas traspuestas lo hemos hecho mal”.
Ceca Magán y el sector público
Uno de los últimos movimientos ha sido la apuesta del despacho Ceca Magán por el derecho público con la incorporación de Rafael Ariño, sobrino de Gaspar Ariño, como nuevo socio de Público y Regulatorio para reforzar un área que será estratégica para la firma en los próximos meses.
Con esta incorporación, el área de público y regulatorio de Ceca Magán se completa y consolida para responder de forma competitiva y eficaz a las necesidades del mercado.
Ariño cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos de contratación pública, concesiones (contractuales y demaniales), sanitario, administrativo sancionador, empleo público y colegios profesionales; con especial experiencia procesal en los ámbitos Contencioso Administrativo y Civil en los sectores de urbanismo, expropiaciones forzosas, energía y administración pública en general.
En su trayectoria ha asesorado a compañías tales como OHL, Sacyr, Acciona, Ferrovial, Técnicas Reunidas, Copasa, Copisa, Cemosa y otras, en todas las fases propias de la contratación pública – desde la licitación hasta la liquidación del contrato -, y tanto en contratos concesionales, de obra, servicios y suministros, con amplísima experiencia forense judicial y arbitral.
Nueva área de negocio
Con anterioridad, una firma como Garrido Abogados, que ha evolucionado desde sus inicios como despacho fiscalista a firma multidisciplinar en la abogacia de los negocios y que cuenta en la actualidad con 11 socios y 120 abogados, incorporaba a Pablo Gutiérrez, abogado del Estado en excedencia, como responsable de esta nueva área de derecho público.
Este experto atesora una trayectoria llevando a cabo tanto funciones contenciosas en todos los órdenes jurisdiccionales, como consultivas, coordinando el servicio de asistencia jurídica de importantes entidades y empresas públicas.
También es especialista en contratación pública, ha sido ponente en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
Su experiencia profesional se ha completado con su labor docente dentro del sector público, siendo ponente habitual, entre otros, en numerosos cursos de formación para Abogados del Estado en el Centro de Estudios Jurídicos.
Llegan las boutiques especializadas
En este contexto también han surgido boutiques especializadas, como la que ha puesto en marcha José Ignacio Monedero, director de la firma Monedero Gil Abogados y Asesores Financieros, abogado del Estado en excedencia, tras su salida de DLA PIPER a finales del año pasado. La firma ya cuenta con seis profesionales altamente cualificados.
En su opinión al margen de los sectores tradicionales de asesoramiento a empresas por parte de los abogados especializados en derecho público, como son; contratación pública, concesiones administrativas, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contencioso-administrativo y, en general, todo el regulatorio sectorial, no cabe duda que el año 2022 puede verse con cierto optimismo, como hacemos desde nuestra firma”.
Así aclara que “se abre un gran abanico de oportunidades para asesorar a clientes en analizar las opciones de acceso a los llamados Next Generation Funds”.
“Esta nueva línea de asesoramiento obliga, además, a combinar equipos multidisciplinares, contando con perfiles profesionales procedentes del sector financiero y abogados con un alto grado de especialización en derecho público y regulatorio que ayuden al cliente a acceder a los fondos europeos y no sucumbir ante la vorágine de convocatorias que se avecina”, destaca.
A su juicio, “los departamentos de derecho público deben liderar el asesoramiento a aquellas empresas interesadas en adelantarse a los cambios regulatorios, cada vez más exigentes, en cuanto a las políticas de sostenibilidad y cambio climático se refieren”.
Monedero señala que “también resulta fundamental el disponer de profesionales de otros ámbitos que permitan abordar estas cuestiones desde distingos ángulos y no solo estrictamente jurídicos. Finalmente, también estimo que hay un espacio para la especialización en temas de mediación administrativa y contenciosa, que debe llegar pronto”, indica.
Andersen y lo público
Por su parte, Andersen incorporaba a Pedro Rubio como socio en el área de Derecho Público y Regulatorio, reforzando así las capacidades de esta área en la oficina de Madrid.
El Departamento dirigido por José Vicente Morote, socio codirector, a su vez, de Andersen en España, suma así cinco socios en la oficina de Madrid y ocho a nivel nacional.
Pedro Rubio es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y cuenta con una experiencia de más de 25 años en los que ha intervenido en el asesoramiento y dirección jurídica de operaciones y procedimientos judiciales de significativa relevancia tanto en España como ante el Tribunal General de la Unión Europea, en materia de expropiaciones, contratación pública, cárteles de manifiesta relevancia, resolución de entidades de crédito, energía y procedimientos de responsabilidad patrimonial.
Anteriormente prestó sus servicios en la firma Cuatrecasas, y en el despacho Ramón Hermosilla, en el que fue socio. Ha sido socio de Ontier y responsable del Departamento de Regulatorio y Derecho Público en esa firma en su oficina de Madrid.
Uría Menéndez y la CNMV
En el caso de Uría Menéndez, este bufete cuenta con un equipo de más de cincuenta abogados especializados en derecho público, práctica que dirige Jesús Remón, otro abogado del Estado en excedencia, al mismo tiempo responsable de las prácticas de Procesal y Arbitraje.
En dicha practica se han incorporado en los últimos años académicos y miembros de prestigiosos uerpos de las Administraciones públicas.
La apuesta de esta firma en economía globalizada, con un marco regulatorio crecientemente complejo y en la que las compañías desarrollan su actividad en jurisdicciones con sistemas legales divergente hace que este despacho ponga a disposición de empresas publicas y privadas su expertise en el asesoramiento consultivo como contencioso y con un profundo conocimiento del mercado y de la regulación.
Esta firma española aprobaba en su junta general de socios del pasado mes de junio la incorporación de Miguel Martínez Gimeno para reforzar los equipos de derecho público y de derecho procesal de la oficina de Madrid. Hasta su incorporación era director general jurídico de la CNMV en los últimos cuatro años.
Un refuerzo importante para este despacho debido a su experiencia profesional en distintos ámbitos del derecho en instituciones muy relevantes de España y de Europa y especialmente para sus áreas de derecho público y de derecho procesal y de la Unión Europea
Martínez es abogado del Estado en excedencia (promoción de 2003). Ha sido abogado del Estado-jefe adjunto en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2004-2007), letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2007-2013), abogado del Estado-jefe en la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (2013-2015) y abogado del Estado-jefe en el Ministerio de Economía y Competitividad (2015-2016).
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