Sinaloa. Hijo de cacique universitario y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa vinculados a proceso

Las operaciones financieras para la adquisición de dichos alimentos ascienden a 45.5 millones de pesos. La vinculación fue determinada por el juez de control Adán Alberto Salazar Gastélum. En el caso del rector, Jesús Madueña, esta sería la segunda vinculación a un proceso penal; el primero versa por delito de abuso de autoridad.

Es importante señalar que estas compras multimillonarias en su mayoría se hicieron entre los años 2020, 2021 y 2022, supuestamente para brindar alimento a las casas del estudiante. Sin embargo, hay que recordar el pequeño detalle de que, durante estos años, la UAS no tuvo clases presenciales y sus casas del estudiante, de hecho, estuvieron cerradas.

El descuido por parte de autoridades universitarias hacia las casas del estudiante fue tal que, por ejemplo, la Mártires de Tlatelolco, ubicada en la Calzada Heroico Colegio Militar de la Colonia Benito Juárez en Culiacán, Sinaloa, fue abandonada tras la pandemia de Covid-19. Las autoridades de la UAS simple y sencillamente arrumbaron el inmueble y no lo volvieron a abrir ni a dar mantenimiento.

Esto último contradice el enorme gasto que se hizo supuestamente para alimentar a un estudiantado que durante esos años nunca estuvo en las casas del estudiante.

¿Y qué tiene que ver con todo esto Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del cacique universitario Melesio Cuén Ojeda? Pues que el padre de Cuén Díaz es ex rector de la UAS (2005-2009) y, mediante un férreo cacicazgo que él encabeza, controla a dicha universidad desde hace 18 años.

El Jr., gracias a la influencia de su papá, fue nombrado en junio de 2021 director de bienes e inventarios de la universidad, puesto desde el cual estuvo dirigiendo compras multimillonarias sin licitación a distintas empresas propiedad de allegados a su familia y militantes del Partido Sinaloense (PAS).

Debido a la presión mediática derivada de una investigación periodística que reveló varias compras de esta naturaleza, Cuén Jr. tuvo que renunciar al cargo que tenía en mayo del presente año.

El control que el padre de Cuén Díaz ejerce en la UAS es tal que, en 2012, valiéndose de la estructura política, institucional y territorial de la universidad, forzó a trabajadores de confianza y buena parte de los sindicalizados en las secciones administrativa y académica del SUNTUAS, a afiliarse al mencionado PAS para obtener el registro oficial del mismo. Todo esto al más puro estilo de Elba Esther Gordillo y su extinto partido Nueva Alianza.

Como dicen los directivos universitarios cuenistas, “nadie que esté contra el ‘maestro Cuén’ tiene cabida en mi equipo”, es decir, en las escuelas, unidades académicas o facultades que dirigen.

Como titular de bienes e inventarios de la UAS, Melesio Cuén Jr. formó parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública universitario, entre los cuales se encuentran miembros de la cúpula burocrática del cacicazgo cuenista, tales como el exrector Juan Eulogio Guerra Liera, Soila Gaxiola y Robespierre Lizárraga, estos últimos exdiputados locales por el PAS, así como actualmente profesora-investigadora de tiempo completo en la Facultad de Veterinaria y secretario general de la universidad, respectivamente. Todos los integrantes del comité han sido vinculados a proceso.

Además de la compra masiva de tortillas y totopos, distintas investigaciones periodísticas de medios como Noroeste y Revista Espejo evidenciaron un desfalco a la UAS que se desglosa de la siguiente forma: 3.5 mil millones de pesos en impuestos que la universidad descontó de la nómina a trabajadores y que no pagó al SAT; 30 millones de pesos en la compra de carne y pollo; 56.8 millones de pesos en la compra de pantalones Levis y lonas, adquiridos a sobreprecio; 526 millones de pesos en diversas compras irregulares que la UAS ha hecho a proveedores vinculados a la familia Cuén Díaz y funcionarios universitarios; y más de 80 millones de pesos invertidos en publicidad y bots para, por un lado, difundir una “buena imagen de la universidad” y, por otro, desatar una guerra sucia contra adversarios políticos y periodistas que han evidenciado los desvíos de recursos en cuestión.

Toneladas de totopos, tortillas… y represión

Ahora bien, hagamos cálculos. ¿A cuánto equivale $45.5 millones de pesos en tortillas? Supongamos que el kilo de dicho alimento está en $22 (evidentemente puede variar en función de la región y el momento, pero supongamos), entonces, si dividimos $45 millones y medio entre $22, nos da la cantidad aproximada de 2 millones 068 kg, lo cual equivale a alrededor de 2 mil 608 toneladas de los productos en comento.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, llevada a cabo el día 14 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa presentó 1 mil 501 facturas que fueron emitidas por la Tortillería Chamonos, propiedad de Sergio Chaidez Monárrez, el cual desde el 29 de octubre de 2015 es militante del Partido Sinaloense ─tal como al día de hoy muestra el registro del padrón de militancia PAS─ y proveedor de la UAS, según muestra el Listado de Proveedores del portal de transparencia en el sitio web de la institución.

Los abogados defensores de las autoridades universitarias alegaron que, de las 1 mil 501 facturas presentadas, 703 fueron canceladas. Y, efectivamente, esas facturas se cancelaron, pero entre el pasado 17 y 18 de agosto, según ha trascendido en medios de comunicación. Es decir, al menos a más de un año de efectuadas las compras. O sea, estamos frente a una cancelación extemporánea y masiva de facturas que es inverosímil.

Otro detalle que hay que notar es que, a nivel de la defensa de las autoridades universitarias en el plano de la opinión pública, en ninguna de sus declaraciones mediáticas hasta ayer se negaba la totalidad de la compra multimillonaria en cuestión.

Lo que alegaban públicamente es que la Auditoría Superior del Estado no tenía la facultad para auditar el recurso derrochado en tortillas y totopos y que, por lo tanto, el que la Fiscalía General del Estado los estuviera acusando formalmente de ejercicio indebido de la función pública así como de abuso de autoridad por negarse a rendir cuentas, era un supuesto atropello a la autonomía universitaria.

Bajo este último argumento es que durante los últimos meses rectoría ha movilizado a trabajadores académicos y administrativos UAS de todas partes de Sinaloa para bloquear calles y hacer manifestaciones los días que los dirigentes del cacicazgo han sido citados a comparecer en audiencia.

Los desplantes de las autoridades universitarias en busca de impunidad han llegado a ser tan absurdos y fuera de lugar que el rector Madueña, tras ser vinculado al primer proceso ─el del delito de abuso de autoridad─ el 21 de agosto, hizo un llamado a la sociedad sinaloense, así como a universitarios y docentes, para “tomar las armas en defensa de la autonomía de la casa de estudios”. Por supuesto, los memes en redes sociales sobre quienes apoyan al cacicazgo no se hicieron esperar.

En este contexto han surgido también expresiones e intentos de organización por parte de trabajadores en defensa de sus derechos laborales y de estudiantes que buscan la democratización de la UAS. Como ejemplo de ello tenemos el caso del Movimiento Democrático Universitario, el cual ha estado realizando campañas informativas entre la comunidad universitaria para hacer visible abusos laborales e institucionales, al igual que hechos de corrupción y violencia que rectoría ha cometido.

Los dirigentes del cacicazgo cuenista, por su parte, han estado combatiendo ferozmente al MDU durante los últimos meses: golpizas, robo de automóviles de profesores, campañas de difamación, hostigamiento, agresiones, boicot de las campañas informativas, así como privación del salario contra trabajadores, son apenas algunas de las cosas que han llevado a cabo contra quienes luchan por la democratización de la UAS.

En las maniobras represivas de rectoría han participado también policías municipales de Culiacán, a quienes los cuenistas han solicitado colaboración para callar brigadeos informativos del MDU dentro de instalaciones de la UAS, violando vilmente la autonomía que las propias autoridades supuestamente dicen defender.

¿Por qué tipo de autonomía hay que luchar?

Casos como el del cacicazgo universitario de Héctor Melesio Cuén Ojeda en Sinaloa o el de la familia Sosa Castelán (la Sosa Nostra) en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, los cuales han nacido y se han sostenido al amparo de Leyes Orgánicas que establecen autonomías universitarias totalmente antidemocráticas, nos muestran la forma en que grupos empresariales convertidos en cúpulas burocráticas universitarias ─o viceversa─ se apoderan de instituciones públicas educativas para hacer jugosos negocios.

Es pertinente también recordar que los cacicazgos educativos han sido punta de lanza para la aplicación de políticas de corte neoliberal que han ido precarizando cada vez más las condiciones laborales trabajadores universitarios, docentes e investigadores.

Frente a esto, es necesario construir un fuerte movimiento universitario que busque consolidar una autonomía universitaria que devuelva a la UAS el voto universal en la elección de autoridades y que establezca un gobierno tripartito de trabajadores académicos y administrativos, así como estudiantes, que decida qué, cómo, por qué y para qué se gasta le presupuesto, construyendo una universidad verdaderamente al servicio de las grandes mayorías.

Otra universidad es posible.