En los días recientes los representantes republicanos, Dan Crenshaw, de Texas, y Michael Waltz, de Florida, han acentuado sus reclamos de que, ante la crisis de fentanilo que se vive en ese país, se apruebe que el ejército estadounidense intervenga en México para acotar a los cárteles de la droga.
Actualmente, el uso del fentanilo en Estados Unidos deja más de 100 mil muertos por año, lo que la convierte en una de las drogas más letales en la historia de consumo de esa nación, por lo que la postura de los republicanos ha ganado inercia y la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales.
El punto crítico de su reclamo radica en que han señalado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de “no hacer lo suficiente” y prácticamente lo han acusado de solapar las labores ilegales de los cárteles de la droga mexicanos, así como de no impedir la exacerbación de la violencia que afecta en particular a México.
Sobre todo lo anterior es preciso señalar cuatro aspectos que dan cuenta de cómo los republicanos han hilvanado un discurso injerencista, falaz y tendencioso que debe ser colocado en el apartado del radicalismo y la intención de violentar la soberanía de un país soberano como es México.
Lo primero que conviene referir es el reporte del CATO Institute que, con base en los datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, sobre veredictos federales, muestra que son los propios ciudadanos estadounidenses los que concentran las condenas por tráfico de fentanilo, con un porcentaje de 86.3, contra 8.9% de migrantes sin documentos.
El segundo aspecto es el de la existencia de grupos de motociclistas o pandilleros que constituyen redes criminales de acopio y distribución de droga en Estados Unidos y que, de acuerdo a la propia DEA, son Hells Angels, Gypsis, Paganos, MS13, Los Hermanos Pistoleros Latinos, New Mexico Syndicate, Los Carnales, Latin Kings, e incluso otros grupos de mayor trayectoria y presencia criminal, como es la Mexican Mafia.
Estos dos aspectos muestran que el problema es doméstico para Estados Unidos, pero se soslaya convenientemente por los senadores republicanos para posicionarse como víctimas del fenómeno.
Los otros dos aspectos que hay que señalar exhiben los verdaderos intereses de los republicanos. El primero se relaciona con la violencia que tanto critican políticos como Ted Cruz y Marco Rubio, y es el de los ingentes recursos que reciben de la Asociación Nacional del Rifle, organismo clave para el lobby de las armas. De acuerdo a Expansión, entre 1989 y 2022, se han entregado más de 50 millones de dólares desde dicho lobby a políticos estadounidense, en particular republicanos que concentran más del 90% de ese ingreso.
Ese dinero ha condicionado la retórica de dichos políticos a favor de la libre portación y tenencia de armas, lo que no sólo perjudica a México con el fuerte trasiego de las mismas, sino a la propia población estadounidense que resiente continuas matanzas. Más allá de las vidas que ello cuesta, se termina por favorecer a la industria de las armas que tiene garantizado el mercado en buena medida gracias a dichos políticos.
El último aspecto a referir es el del lavado de dinero. Los republicanos omiten señalar que el blanqueo del dinero derivado del trasiego de droga se hace principalmente en su territorio, en su propio sistema financiero. Su silencio ha contribuido a que se ignore convenientemente la responsabilidad de organismos como Wachovia Corp. o Bank of America Corp., los cuales se han visto involucrados en tramas del narco que rebasan los cientos de millones de dólares, como ocurrió con Wachovia, entre los años 2004 y 2007.
La omisión de todo lo anterior, por parte de los políticos estadounidenses que han asumido la retórica intervencionista, es así mal intencionada y promueve el mantener un statu quo sostenido en intereses particulares y no en el precepto de resolver un problema compartido entre naciones de forma conjunta.
