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      La Coalición Cívica denunció en la justicia un posible tráfico de influencias en la licitación de la Hidrovía

      La diputada Mariana Zuvic busca que se investigue la anulación del pliego y el rol del embajador en China, Sabino Vaca Narvaja.

      La Coalición Cívica denunció en la justicia un posible tráfico de influencias en la licitación de la HidrovíaAgosto de 2020: el presidente Alberto Fernández destaca la importancia de la Hidrovía, por la que circulan unos 4.000 buques cada año.
      Redacción Clarín
      29/03/2022 18:12

      La diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic denunció en la justicia un posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública en el controvertido proceso de licitación para dragar, balizar y cobrar el peaje en la Vía Navegable Troncal, más conocida como "Hidrovía" porque ese es el nombre del consorcio que opera esos servicios desde hace 25 años. En su presentación, Zuvic cuestiona los cambios y la posterior anulación de la licitación, sospecha de presiones de los consorcios que habían quedado afuera y le apunta directamente al embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca Narvaja.

      La Vía Navegable Troncal es el tramo comprendido entre el kilómetro 1238 del Río Paraná hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de La Plata. Su mantenimiento en operaciones y es clave porque por por ella sale el 82% de los despachos argentinos de granos, harinas y aceites; el 91% de contenedores y el 99% de la carga automotriz que constituyen el comercio exterior del país. Además, por esta vía entra el 60% de los buques que traen el Gas Natural Liquido que se importa al país.

      Según recopila la denuncia, entre 2020 y 2021 el gobierno emitió media docena decretos y resoluciones administrativas a través de los cuales el Ejecutivo delegó en el ministerio de Transporte la facultad de llamar a licitación pública nacional e internacional la concesión del peaje "para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal", luego involucró en la operación a la Administración General de Puertos, creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable y, cuando en abril del año pasado finalizó el contrato con Hidrovía SA lo prorrogó por 90 días mientras iniciaba los trámites de la nueva licitación.

      En septiembre de 2021 la Administración de Puertos concretó el llamado a licitación, cuyo Dictamen de Precalificación descalificó en febrero a tres de los cuatro consorcios que se habían presentado, por no cumplir con los requisitos técnicos. Al no pasar ese filtro técnico, tampoco habría la posterior competencia por precio.

      "A partir de la fecha en que el referido dictamen tomo estado público, comenzaron a percibirse una serie de maniobras y acciones sospechosas que involucran a las empresas participantes y podrían, también, involucrar a funcionarios de la Administración Pública Nacional", relata Zuvic en su denuncia.

      La diputada pone su atención en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la argentina Servimagnus, de Ricardo Román, junto a la gigante china CCCC Shanghai Dredging Co, que luego de haber sido desestimada anunció por los medios su intención de impugnar la licitación, aunque nunca habría presentado la queja formal.

      "En una solicitada, esta unión transitoria cuestiona un punto clave para esta denuncia. Menciona que las empresas fueron descalificadas sin conocerse la oferta económica y que el único oferente que pasó el examen, habría ofertado un 40% más caro que la empresa china", dice Zuvic. "Esto es muy importante, pues aun cuando no se abrieron los sobres de las ofertas, la empresa china conocería las mismas."

      La denuncia de Zuvic concatena esa primera suspicacia con las manifestaciones del embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, quien "podría estar involucrado" en las presiones denunciadas. "El representante nacional habría realizado una serie de manifestaciones en abierta crítica a la decisión de la Autoridad de Aplicación por no haber seleccionado a la empresa china. De haber sido ello cierto, sería plausible la configuración de la figura penal que estamos denunciando respecto del funcionario público".

      La única empresa descalificada que habría presentado una impugnación fue Rohde Nielsen Argentina que, junto a EMEPA constituyen también una unión transitoria. La firma de Gabriel Romero, empresario arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas, se presentó a la compulsa para quedarse con el dragado y también participa en la contienda por el balizamiento, trabajo que realizó durante 26 años. "La Administración General de Puertos nunca se habría pronunciado sobre la impugnación", subraya la diputada de la Coalición Cívica.

      Según la denuncia, una última acción que aumenta las sospechas sobre el posible tráfico de influencias surgió a raíz de una Resolución del 18 de marzo de 2020 de la Administración de Puertos, que dejó sin efecto la licitación (por el dragado y no así la licitación del balizamiento que tramitan en simultáneo) porque las presentaciones e impugnaciones se basan en interpretaciones divergentes del Pliego de Bases y Condiciones, tras haber presentado ofertas que no se ajustan a sus disposiciones, y "aun habiendo esta Administración respondido ochenta y seis preguntas y emitido seis Circulares Aclaratorias en la ronda de consultas correspondiente. Si de las cuatro empresas una de ellas entendió correctamente, es dudoso, cuanto menos, la equivocación de las otras", razona la diputada.

      Para Zuvic, este motivo y el hecho de que como tres de las cuatro empresas que participaron de la licitación quedaron descalificadas no habría competencia económica en las ofertas, no es suficientes para haber anulado la licitación. "Se percibe que la intención abierta es que se genere una nueva licitación con cláusulas 'a medida' para que las empresas que de alguna manera presionaron, no se vean afectadas en esta primera etapa."

      "La Vía Navegable Troncal es el foco de interés de varios grupos políticos que pugnan por su control y de privados que pretenden sus beneficios económicos", advierte la diputada colaboradora de Elisa Carrió. "Los niveles de recaudación de la Vía son significativos. Entre septiembre 2021 y enero 2022 se facturaron 73,4 millones de dólares que, luego de erogaciones, redundó en un neto de 9.160.000 dólares".

      "Entendemos que podría haber existido la conducta cuestionada en el dictado de la resolución del 18 de marzo. Creemos que se habría dictado una resolución injusta con la intención de lograr un lucro para sí o para un tercero. Además, esa resolución deja sin efecto la contratación por el dragado. No así la del balizamiento que, con menos oferentes, estaría pronta a ser adjudicada a la empresa EMEPA, empresa que impugnó la licitación del dragado y que la resolución dejó sin efecto. Este punto eleva aún más las sospechas", concluye la denuncia.


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