La Asociación de Directores y Gerentes Sociales señala que solo el 8% de la población (799.203 personas) que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia de dicha prestación. Foto: EP.
El ministro Escrivá desoye al Consejo de la Juventud y deja sin Ingreso Mínimo Vital a los jóvenes vulnerables menores de 23 años
A día de hoy, tres de cada cuatro solicitudes del IMV han sido denegadas, lo que supone el 73%, y casi 100.000 están pendientes de resolver
|
23/12/2021 06:48
|
Actualizado: 22/12/2021 19:30
|
La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital abre de nuevo el debate sobre esta prestación que pretendía ser una ayuda para los colectivos más desfavorecidos de nuestro país.
Sin embargo, tal y como señala la Asociación de Directores y Gerentes Sociales, solo el 8% de la población (799.203 personas) que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia de dicha prestación.
Según dicha entidad, la cuantía media de la prestación por beneficiario es de 172 euros mensuales.
A las puertas del fin de año, los datos de ejecución presupuestaria de la que prometía ser la medida estrella del Gobierno de coalición evidencian el tapón: de los 2.988,36 millones presupuestados para todo el ejercicio, hasta octubre se han abonado 1.564 millones, el 57,3% del total.
La cuantía de los pagos realizados solo en el mes de octubre ascendió a 161 millones, cantidad que más o menos se ha venido manteniendo estable en los últimos meses, lo que apunta a que a final de año quedarán sin gastar cerca de 1.000 millones del presupuesto inicialmente designado a esta prestación.
Jose Manuel Ramírez, presidente de esta entidad explica a Confilegal que un 8,04% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital, el 1,7% de la ciudadanía.
El sistema de rentas mínimas, ofrecía una cobertura similar, quedándose en un 8% de las personas bajo el umbral de la pobreza. Así se desprende de los datos de octubre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social.
Estos datos contrastan con las cifras oficiales de pobreza en nuestro país, según las cuales 3,3 millones de personas sufren carencias materiales graves, de acuerdo con los estándares europeos (Tasa Arope).
Además, 12.481.792 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, 4.680.672 personas viven en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (los miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su capacidad de trabajo), y 9.928.699 personas viven en riesgo de pobreza (con ingresos por debajo del 60% de la renta mediana disponible, 9.009 €/año para hogares de una sola persona).
Exclusión a los jóvenes menores de 23 años
Otra de las carencias del IMV es la exclusión de los menores de 23 años de dichas ayudas. En un informe realizado para el Consejo de la Juventud de España, por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Presno y el profesor de Derecho Administrativo, Enrique Hernández se pone de manifiesto dicha ausencia que podría ser inconstitucional.
Para Presno, “inicialmente cuando el IMV era un proyecto nada más estaban excluidas las personas mayores de 65 años vulnerables. Gracias al anterior defensor del Pueblo, Fernández Marugán, en los sucesivas reformas de esta iniciativa en forma de Decreto Ley de mayo del 2020 se modificó varias veces y se quito exigencia, pero se mantuvo la de no ser menor de 23 años”.
Otra cuestión que explica este jurista es que “si tienes entre 23 y 30 años, en principio entras en el IMV si cumplas dos requisitos que no se piden a otra gente, vivir dos años emancipados y haber cotizado un año a la Seguridad Social. Al final hay una barrera para percibir el IMV hasta los 30 años”, destaca.
En su opinión, “no hay ningún motivo para poner esa barrera. Se supone que quieres ayudar a personas en vulnerabilidad económica y eso no conoce de edades. Nosotros entendemos que si hace esa diferenciación, primero el Gobierno y luego el legislador, debería explicar el porqué y que fundamento hay para esa distinción. Si no hay argumentos hablaríamos de una discriminación”.
En el informe que han hecho estos expertos a petición del Consejo de la Juventud para ver si en la tramitación parlamentaria se pudiera cambiar ese requisito, pero al final no se logro modificarlo. También se destaca que las Comunidades Autónomas han hecho lo mismo con las rentas mínimas autonómicas “en algunos casos se han fijado en los 25 años y nunca se ha dicho el motivo.
Miguel Presno recuerda que ese informe se presentó en el Senado, “llegó a los senadores que han conocido la problemática que denunciamos. También hemos conocido el informe de Civio sobre los pleitos que los juzgados de lo social están celebrado sobre el IMV y que está perdiendo la administración en un 42% de los asuntos».
Este catedrático de Derecho Constitucional indica que “la precariedad no conoce edades. Una cosa que se hace en las Comunidades Autónomas es que te exige una gran cantidad de información para presentar. Hay una presunción de que te pueden engañar con lo que deberían agilizarse estos trámites”´
Desde su punto de vista, “se podría hacer un control de mínimos y verificar que luego se necesita el recurso. Estas personas en situación de vulnerabilidad no pueden esperar a meses a que se resuelve su recurso. Además no todo el mundo tiene una conexión a Internet o conocimientos de informática para hacerlo online”, comenta.
Al final en mucho casos son los trabajadores sociales los que resuelven las papeletas que se generan en este tipo de situaciones, “no es su papel, ellos tienen que ver que estas personas se adecúan a dichas prestaciones y no tendrían que hacer el trabajo en lugar de dichas personas vulnerables».
Una cobertura desigual del IMV
Por su parte, Ramírez recuerda que la cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional, hay CCAA que únicamente tienen una cobertura menor al 6%, como Cataluña (4,9%) Canarias (5,5%), Extremadura (5,6%), Baleares (5,8%) o Castilla y León (5,95%).
Destaca el esfuerzo de Navarra con un 22,2% de cobertura, comunidad que ha realizado la pasarela desde su sistema de Rentas Mínimas, seguida por Melilla (20,3%) y Ceuta (19,4%).
Tres de cada cuatro solicitudes han sido rechazadas. La complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos como causa de tantas denegaciones. Del total de solicitudes solo se han aprobado una de cada cuatro, un 27%.
“Una cifra que no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo, ni a las necesidades de la población más afectada económicamente por las consecuencias de la pandemia», comenta.
Si bien es necesario recalcar que las sucesivas modificaciones del Real Decreto-Ley que regula el IMV han propiciado un aumento de resoluciones positivas: si en 2020 las resoluciones positivas fueron el 15,3%, en 2021 hasta marzo fueron el 27,9% y hasta septiembre el 30,4%.
Hasta septiembre 2021, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.00 aun sin resolver (97.513).
De las solicitudes resueltas, 337.000 han sido aprobadas y 888.000, denegadas. Las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos.
El propio Ministerio, en una respuesta a través del Portal de Transparencia, a solicitud de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales, reconoce que el 60% de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio).
Hay que tener en cuenta que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia; otro 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo.
Hasta ahora solo se ha concedido el IMV a 800.000 personas, poco más de una tercera parte (35%) de los beneficiarios previstos por el Gobierno, que era 2.300.000 personas.
Los 337.000 expedientes aprobados alcanzan a unas 800.000 personas, de manera que el Gobierno ha cumplido únicamente con un tercio del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a 2.300.000 personas que malviven en la pobreza extrema en nuestro país.
Ramirez señala que mientras tanto las “colas del hambre” deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la “vacuna contra la pobreza”, que es el Ingreso Mínimo Vital”.
A causa de sus requisitos sin sentido, como tomar como referencia la renta del año anterior para atender situaciones sobrevenidas a causa de la pandemia, y de la complejidad de su gestión, el IMV que dificulta a cientos de miles de familias que lo necesitarían, tres de cada cuatro solicitudes se han denegado, cientos de miles están pendientes de resolver, y a fecha de hoy solo 350.00 familias lo perciben, frente a los 850.000 hogares que el propio Ministerio consideraba como potenciales perceptores.
Noticias Relacionadas:
