“La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días, razón por la cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialistas abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.

Así lo plantea el comunicado oficial con el que el canciller venezolano, Yván Gil, anunció esta semana, en nombre del Gobierno Nacional, la decisión de suspender las actividades de la oficina del Alto Comisionado de la ONU hasta que rectifiquen sus declaraciones.

La postura es clara al precisar que "la oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a pesar del daño que este tipo de prácticas criminales pueden generar sobre la paz y la convivencia de una sociedad", explicó.

A una sola voz
La Asamblea Nacional también rechazó contundentemente la posición de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos contra las decisiones del Gobierno venezolano y se unió al pronunciamiento de la Cancillería.

Al respecto, el diputado Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, calificó de "felones y metiches" a los funcionarios, y felicitó a Gil por la decisión.

Por su parte, el diputado Julio García Zerpa abrió el debate expresando que la decisión de la Cancillería es soberana.

El acuerdo aprobado, que apoya el comunicado de la Cancillería, será enviado a esta y publicado en Gaceta Oficial.

El país asume sus compromisos
El canciller de la República anunció además que, a pesar de la suspensión de la cooperación con la Oficina Técnica de la ONU en Caracas, el Gobierno continuará promoviendo y garantizando los derechos internacionales y manteniendo actividades con la oficina del Alto Comisionado en Ginebra.

Durante una rueda de prensa, Gil reiteró que "independientemente de esta acción, mantenemos nuestros compromisos en materia de derechos humanos, es una decisión administrativa que suspende el funcionamiento de esta oficina, porque se ha desviado de su mandato".

Reiteró ante los medios que la oficina creada para colaborar técnicamente con el Estado venezolano en materia de protección de derechos humanos “se ha instrumentalizado para ser una caja de resonancia de la oposición que, además, ha organizado recientemente conspiraciones, todas ellas dirigidas a atentar contra la vida del jefe de Estado".

Estricto apego al respeto de los Derechos Humanos
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, señaló que se ha hecho una tergiversación con respecto a la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, a quien se le aplicó orden de detención por aparecer ella mencionada, como parte de la conspiración, por Anyelo Heredia, uno de los militares detenidos, que ha permitido develar quiénes estaban involucrados en la investigación del caso “Brazalete Blanco”.

Informó que “han sido detenidos 19 involucrados, a quienes se les ha garantizado un estricto apego al respeto de los Derechos Humanos y garantías constitucionales; además 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar”.

“Se ha pretendido vender su detención, realizada en el marco de una investigación penal y con motivo de una orden de aprehensión, como una desaparición forzada. Se realizó la audiencia de presentación con ella y cinco ciudadanos venezolanos más, quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor, aparecen involucrados en la trama conspirativa denominada Brazalete Blanco”, mencionó.

Recordó la gravedad de los hechos explicando que el último caso develado consistía en la planificación de un ataque contra la 21ª Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano “para hacerse con el parque de armas de este cuerpo, y luego atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal y posteriormente iniciar una escalada de actos terroristas hasta atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro”.

“Están involucrados sectores militares y civiles que se niegan a aceptar las reglas del juego democrático”, dijo.