9 de febrero 2022
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A los estudiantes de las seis universidades canceladas y confiscadas por el régimen de Daniel Ortega ninguna autoridad académica les ha explicado claramente qué pasará con su futuro. Sentimientos como incertidumbre, angustia y frustración los embargan desde el 2 de febrero, cuando fueron canceladas sus casas de estudios y con el pasar de los días han ido acumulando preguntas que hasta el momento nadie sabe responder. Tampoco los estudiantes de la Uhispam, cancelada dos meses antes, tienen claridad sobre los cambios impuestos.
En Nicaragua tampoco existe un registro oficial de matrícula de las seis universidades confiscadas, pero una estimación realizada por CONFIDENCIAL —a partir de reportes periodísticos y declaraciones de funcionarios de esas casas de estudios— indica que son más de 18 000 estudiantes afectados en varios departamentos del país.
Los datos reunidos señalan que la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) albergaba 8500 estudiantes, seguida de la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) con 3200, la Universidad Pablo Freire (UPF) con 1200 y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) también con 1200. Mientras, la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), cancelada en diciembre, contaba con 3980. De la Universidad Popular Nicaragüense (Uponic) no se tienen registros, aunque algunos reportan 2000 estudiantes, con lo que el número de estudiantes afectados podría elevarse hasta 20 000.
“Daniela”, universitaria becada en la Upoli, ahora teme perder la ayuda que le permitía estudiar. Relata que “el mismo día” que fue cancelada la personería jurídica de la universidad, ella y varios de sus compañeros de clases, fueron a retirar sus notas, pero el recinto estaba tomado por la Policía y la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), el brazo represor del Frente Sandinista en las universidades.
“No nos han dicho ni siquiera cómo van a quedar los aranceles, ni si van a ser los mismos maestros, que lo dudo muchísimo”, comenta “Daniela”. “Soy becada y dudo muchísimo que pueda volver a tenerla, porque el año pasado que me dieron la beca estuve calladita, no podía decir nada todo el tiempo y ahora dudo mucho que me la den porque los de UNEN ya saben quién soy”, agrega.
Universidades públicas no tienen capacidad
La preocupación de los estudiantes no es para menos, ya que hasta la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez, ha admitido que: “las universidades públicas no tenemos capacidad para captar la demanda de todos los bachilleres” del país y “las universidades privadas eran complementarias”.
En unas declaraciones que Rodríguez brindó al estatal Canal 6 dijo que solo la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), que es la más grande del país, tuvo este año una prematrícula de 30000 estudiantes, pero solo serán admitidos 14000. Por lo que las universidades privadas “son un complemento”, insistió.
Tras la cancelación y ocupación de las seis universidades privadas, la Asamblea Nacional creó las estatales: Francisco Luis Espinoza Pineda, Universidad Nacional Politécnica (UNT) y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés. Con lo que intentó darle “una impresión de legalidad” a lo ocurrido, que “no es más que una confiscación”, explica la abogada Martha Patricia Molina.
Sin embargo, la presidenta del CNU intenta mostrar el traspaso de las universidades privadas al Estado como si se tratara de algo bueno: “Nosotros estamos en función de que se reduzcan esos pagos mensuales de los estudiantes, que haya un pago —porque de hecho se requiere— para poder garantizar (la) sostenibilidad de las instituciones, pero que sea un pago que esté en correspondencia con las condiciones económicas de nuestro país”.
Rodríguez también prometió una asignación presupuestaria a estas tres instituciones, que saldrá del 6% del Presupuesto General de la República que por ley le corresponde a las universidades y aseguró que en el caso de la Universidad Francisco Luis Espinoza Pineda y la Universidad Nacional Politécnica (UNT) continuarán con los planes de estudios que tenían las canceladas Ucatse y Upoli.
En el caso de la Universidad Multidisciplinaria, donde los legisladores juntaron cuatro universidades canceladas, la presidenta del CNU dijo que al menos este año “se van a mantener los planes de estudios” de las diferentes universidades y a partir de 2023 comenzarán a unificar los planes.
Incertidumbre entre la comunidad estudiantil
La estatización de las universidades privadas representa —además— otro golpe para estudiantes que en 2018 fueron expulsados de las universidades públicas, por protestar en contra del régimen gobernante y reclamar autonomía universitaria, y que habían vuelto a comenzar sus estudios.
La estudiante Neyma Hernández relata que entre sus compañeros “hay mucha incertidumbre y mucho temor por todo lo que ha pasado” con sus casas de estudios. “No sentimos como si nos robaron la universidad, porque la universidad además de los dueños también pertenecía a la población estudiantil”, subraya.
También, relata Neyma, “hay miedo de que nos borren las notas, miedo de que no nos den las notas, miedo que nos quiten la beca”, como ocurrió en 2018.
A Neyma, al igual que a sus compañeros, le preocupa “no saber qué va a pasar, no saber a qué universidad ir, porque si nos vamos a la UCA (Universidad Centroamericana) cualquier día de estos, vienen (los funcionarios del régimen) y les informan que fueron robadas sus instalaciones”.
Segregación de las universidades públicas
Para el académico, Ernesto Medina, la decisión del régimen de estatización las universidades privadas es —además— la "institucionalización de una gran inequidad" social, porque ahora en Nicaragua habrá "estudiantes en universidades públicas que pagan y otros que no pagan".
El CNU "no tiene ni la capacidad técnica, ni la capacidad académica, ni la capacidad legal. La ley no le da al CNU ninguna atribución como las que se está tomando... Lo que nosotros conocemos en Nicaragua como CNU es una oficina por la loma de Tiscapa (en Managua), que es una secretaría técnica donde están empleados del Consejo de Rectores que tienen una función simplemente administrativa", subrayó Medina.
Además, la creación de las tres nuevas universidades no se hizo conforme a las leyes previamente establecidas "¿Acaso vamos a tener dos tipos de autonomía?", cuestiona el académico.
