Escalada machista en el Congreso avanza ante la inacción de la Comisión de Ética

Más de 69 mil mujeres buscaron ayuda en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) durante los seis primeros meses del año. Las atenciones fueron por diversos tipos de agresión, entre psicológica (29,874), física (27,224), sexual (12,495) y económica (267).

Estas cifras reflejan la realidad de la violencia de género en el Perú. En lugar de representar un cambio a esta situación, en el Congreso de la República, más de un parlamentario ha tenido conductas machistas y misóginas que refuerzan el problema.

Caso por caso

Varios de los casos de violencia de género en el Congreso desfilaron por la Comisión de Ética, presidida por Karol Paredes (Acción Popular). Sin embargo, las denuncias fueron archivadas.

El primero estuvo vinculado al cuestionado Guido Bellido (Perú Libre). Según señaló Patricia Chirinos (Avanza País), en julio de 2021, cuando solicitó la oficina de su padre en el Congreso, Bellido le reclamó: “¿Qué te preocupas de eso? Anda, cásate”. Luego de que ella le respondiera que era viuda, el expremier le dijo: “Solo falta que te violen”.

En diciembre de 2021, una mujer declaró en Panorama que Luis Cordero (Fuerza Popular) la agredió físicamente cuando eran pareja, luego la acosó y difundió en Internet un video íntimo de ella en 2018.

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En enero de 2022, Cordero apeló ante el Poder Judicial para que no le brinde medidas de protección a su expareja, pues ello “dañaría su honor”.

El 2 de febrero, Héctor Valer (Perú Democrático) fue nombrado premier, pero tuvo que renunciar al cargo a los tres días pues salió a la luz una denuncia de violencia familiar presentada en 2016 por su esposa y su hija. Es más, en 2017, un juzgado les dictó medidas de protección y prohibió a Valer “cualquier conducta de violencia o acoso”.

Por esos días, Américo Gonza (PL) presentó un proyecto de ley para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia. “Se debe buscar la igualdad de trato a todo ciudadano sin discriminación”, señaló, desconociendo que miles de mujeres son víctimas de violencia en Perú.

El 27 de julio, Freddy Díaz (antes APP) fue denunciado por una trabajadora de su despacho congresal, que aseguró haber sido violada sexualmente en las oficinas del Parlamento ubicadas en el jirón Azángaro.

Tras ello, Díaz estuvo desaparecido cuatro días, e incluso faltó a una citación de la Fiscalía. Reapareció para negar los cargos. El último viernes, el Poder Judicial le dictó impedimento de salida del país por nueve meses, pero sigue legislando.

Este caso generó lamentables reacciones. Wilmar Elera (Somos Perú) refirió que, como la víctima era la única mujer en un ambiente de hombres, “se creó un ambiente mucho más propicio”. El comentario le costó su sitio en la Mesa Directiva.

Héctor Acuña (APP), por su parte, se solidarizó con el presunto violador. “Es lamentable, no me imagino cómo se siente mi excolega”, expresó.

En tanto, el 28 de julio se conoció que Rafael Franco Moreno, asesor de Katy Ugarte (PL), fue denunciado por violación sexual contra una mujer a quien habría amenazado con un arma de fuego para luego ultrajarla en un hotel de Lince.

No más misoginia

Carolina Garcés, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que la discriminación contra las mujeres es un problema estructural que se basa en patrones socioculturales perpetrados en la sociedad.

Ante ello, pidió mayor diligencia a la Comisión de Ética, que tiene a su cargo el informe contra Díaz por presunta violación sexual y Elera por sus declaraciones machistas.

“No se pueden permitir frases machistas de congresistas, que son los representantes de la sociedad. Como funcionarios, tenemos la obligación constitucional de no cometer este tipo de agresiones y de generar responsabilidad entre quienes cometen estos hechos”, señaló a Perú21.

Agregó que la permanencia de Díaz afecta a la víctima, quien sigue trabajando en el Congreso. “Se deben dar medidas de protección para ir erradicando este mal a través de estrategias con una lógica de comunicación, de educación pero también de responsabilidad en situaciones concretas que incluyen sanciones las penales y civiles. En este caso, también de sanciones de la Comisión de Ética”, manifestó Garcés.

Lisbeth Guillén, abogada de Manuela Ramos y vocera de la campaña Somos la Mitad Queremos Paridad Sin Acoso, también hizo referencia a la labor de Ética. “Se normaliza la violencia en el Congreso y, además, el mensaje que le dan a la ciudadanía es de impunidad. En el caso de Díaz, lo mínimo sería que lo suspendan mientras se le investiga”, aseveró.

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La letrada precisó que no solo se trata de tener paridad y alternancia, sino que se deben generar mecanismos para que no sigan sucediendo situaciones delictivas con impunidad. “Una cosa es la participación política y la paridad. Este Congreso, por ejemplo, tiene una buena presencia de mujeres pero el reclamo va porque esta masa crítica de más mujeres haciendo política, también debería ser más sensible frente a los casos de mujeres agraviadas por un sistema patriarcal, donde el machismo y la desigualdad, existe”, acotó.

En ese sentido, recomendó al Parlamento debería hacer una reflexión frente a las situaciones de desigualdad que se viven en la sociedad.

Con miras a procesos electorales futuros, principalmente del Legislativo, la psicóloga y magíster Nancy Álvarez recomendó modificar los requerimientos mínimos para ejercer como congresista, a fin de incluir evaluaciones psicológicas que permitan determinar el perfil de los legisladores.

“En un trabajo coordinado con el Colegio de Psicólogos, los congresistas deberían ser sometidos a pruebas no solo para ver los rasgos de personalidad, sino la parte ética. Cuánto valoran a la mujer, al niño, a la persona. Esos son aspectos básicos”, indicó.

Añadió que, en el caso de los funcionarios en ejercicio, las autoridades y comisiones competentes deben aplicar sanciones rígidas y oportunas, a fin de reforzar la corrección de una mala conducta. “La población lo que percibe es que esta Comisión de Ética es un saludo a la bandera. Se debe sancionar de forma oportuna a los malos elementos en el Congreso y en cualquier institución privada y pública”, señaló Álvarez.

Tenga en cuenta

• En febrero de este año, una mujer de 23 años denunció que, en mayo de 2021, fue violada en un local de campaña de Perú Libre en Lince, cuando era voluntaria en la campaña de Pedro Castillo para la segunda vuelta.
• Con 47 legisladoras, la representatividad de mujeres en el Congreso es mayor que en años anteriores.
• En abril de 2021, Katy Ugarte (Perú Libre) declaró que “no se pueden distorsionar los valores de los niños. Como madre que soy, Dios creó al hombre y a la mujer, y eso está bien claro”.
• “Hace falta un trabajo articulado; no se puede justificar un delito. No más expresiones cargadas de prejuicios”, sostuvo Carolina Garcés, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

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