El abogado de interinos, Javier Araúz, recuerda que "ninguna Administración puede dejar de cumplir la ley".
Javier Araúz: «Convocar oposiciones para intentar burlar la ley de interinos es fraudulento»
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06/3/2022 06:48
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Actualizado: 05/3/2022 21:28
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El abogado de interinos, Javier Araúz, denuncia que actuaciones para intentar burlar su aplicación, como las del Gobierno de Aragón o el de la Comunidad de Madrid, publicando numerosas convocatorias de oposiciones días antes, son “fraudulentas e incluso constitutivas de infracción, porque vulneran los principios básicos del ordenamiento jurídico”.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA ) ya ha impugnado más de 36 convocatorias, sacadas por la Diputación General de Aragón poco antes de la entrada en vigor de la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en las Administraciones, y ha impulsado 500 actuaciones judiciales, tanto individuales como colectivas.
Según confirman a Confilegal, el sindicato retomará las movilizaciones si el Gobierno de Aragón sigue sin mostrar voluntad de cumplir la ley
En la asamblea de esta organización sindical, celebrada en la tarde del miércoles, los portavoces del sindicato y el abogado de interinos, Javier Araúz explicaron los principales aspectos de la norma y respondido a las preguntas de los más de 400 asistentes que han seguido en directo la sesión.
Así, STEPA volvió a denunciar la inacción y los intentos de saltarse la ley por parte del Gobierno de Aragón, que han llevado al sindicato a impugnar las mencionadas convocatorias.
Una estrategia para intentar burlar la norma que también han seguido otras comunidades como la de Madrid.
Como medida excepcional, esta Ley 20/21 obliga a que los temporales que lleven más seis años ocupando plazas estructurales puedan acceder a la fijeza por concurso de méritos (sin oposición) y, si este periodo es de entre 3 y 6 años, por concurso-oposición no eliminatoria, por lo que estos puestos deben primero mapearse y sacarse de otras convocatorias.
UNA LEY MUY DESCAFEINADA
Respecto a la implementación de la citada Ley, hay un borrador en redes sociales que circula con las intenciones del Ministerio de Hacienda de implementar dicha norma.
Para Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de la Laguna, doctor en Derecho y abogado, lo que ahora se plantea es descafeinar más (si cabe) esa ley por la vía de establecer criterios sobre la valoración de la fase de concurso respecto de la fase de oposición, o los porcentajes a atribuir a los conceptos que se valoren en el concurso.
Este experto recuerda que dicho documento no es una norma jurídica. No estamos ante un Real Decreto que desarrolla la ley y que, al publicarse en el Boletín Oficial de Estado pase a ser una norma vigente y vinculante.
“La pregunta sería si se pretende que el resto de Administraciones diferentes de la General del Estado (autonómica y local) reciban esos criterios como un marco vinculante del que no se pueden salir. Si esa es la idea, a mi juicio ni tienen competencia para ello, ni esta vía es la adecuada para hacerlo”. comenta.
Para este experto, “el problema de los empleados públicos en situación de abuso no se resolverá hasta que Las Administraciones asuman y reconozcan su responsabilidad, se establezca un concepto claro y preciso de empleado público en situación de abuso y se regule un método de compensación (entre los varios que existen) conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
En este contexto, para este jurista “la única solución está en los Tribunales. En este ámbito, la evolución del Tribunal Supremo está siendo muy significativa”.
“Hemos pasado de sentencias que niegan la existencia del abuso de la temporalidad y rechazan la necesidad de compensar por ello a reconocer todo lo contrario”, indica.
A su juicio, “queda el espinoso tema de cómo se compensa. Ante ello, la Sala de lo Social y la de lo Contencioso van cada una por su lado”.
La opción reiterada por la Sala Tercera de obligar a esos empleados públicos en abuso de la temporalidad a iniciar un expediente de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas sin un criterio claro sobre cómo se valora esa responsabilidad «es un nuevo ninguneo a las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.”
Perez recuerda que “el Tribunal del ente comunitario tiene varias cuestiones prejudiciales pendientes de resolver. Esta problemática lejos de resolverse con la nueva ley de temporalidad, sigue enquistada”.
UN PARCHE INSUFICIENTE
De la misma manera opina Javier Araúz que recalca que la nueva Ley es “un parche claramente insuficiente” y que no cumple ni con las exigencias marcadas por la Unión Europea ni con principios básicos del Derecho, por lo que también cree que los procesos abiertos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea siguen abiertos, así como la posibilidad de reclamara título individual de los afectados”.
“Sin embargo, señala que, pese a todo, es un avance destacado, fruto de las movilizaciones de interinos, “que obliga a estabilizar a una gran parte de temporales”, añade.
El abogado piensa que, dentro de las limitaciones de a quiénes afecta, la norma supone un “mandato radical” y “sin interpretaciones posibles”, por lo que ha calificado de “increíble” que algunos responsables políticos de la estabilización “hagan aplicaciones rácanas y restrictivas o busquen arbitrar procedimientos e incluso judicializar el problema para no estabilizar”.
Porque, asegura que ,“ninguna Administración puede dejar de cumplir la Ley”.
“El objetivo de la Ley 20/2021 es promover la estabilidad de los temporales en fraude, no defender a los funcionarios o el acceso libre y debe interpretarse en ese sentido”, afirma.
Araúz, que repasó sus principales artículos reitera “que hay que sacar como convocatorias extraordinarias todas las plazas estructurales, y que no son admisibles interpretaciones como que no se aplica a docentes ni sanitarios«.
“Además ha dejado claro que estas convocatorias tienen preferencia sobre otros procedimientos como concursos de traslados o promociones internas”, subraya.
ARAGÓN ACTÚA DE FORMA FRAUDULENTA
De esta manera, el abogado coincidió con STEPA en que será nula cualquier oferta pública de empleo que incluya plazas que hubieran debido reservarse, incluso si se ha publicado días antes de la entrada en vigor de la norma actual por ser ello una actuación “fraudulenta.
Así, la asamblea criticó la forma de actuar del Gobierno de Aragón, una de las administraciones que está poniendo trabas para estabilizar a las víctimas del abuso de temporalidad.
Ante esta situación, Javier Araúz recordó que los logros conseguidos en los derechos de los empleados públicos temporales solo han sido posibles por años de protestas y reclamaciones “y se va a estabilizar a 500.000 personas, porque salvo algunas excepciones, la mayoría de las administraciones mantendrán al 100% de sus trabajadores, y todo gracias a las movilizaciones y recursos que se han planteado durante este tiempo, que son ya más de 11.000”.
Por ello, el abogado ha llamado a todos los afectados a continuar este trabajo: “la única solución es negociar procesos selectivos ajustados a la ley para no alargar más los abusos” y ha animado a seguir reclamando por la vía judicial, “para no cerrar ninguna puerta y que la estabilización llegue de mano de la Ley, de los tribunales nacionales o de Europa”.
También desde STEPA se ha subrayado que continuarán con su lucha por los derechos del personal en abuso de temporalidad y que retomarán las movilizaciones si el Gobierno de Aragón sigue sin mostrar voluntad de cumplir la ley.
Finalmente, el abogado reivindicó el papel desempeñado por los funcionarios interinos y calificó de “vergüenza para España” la desprotección de estos trabajadores.
“La razón del índice de temporalidad –ha asegurado– es que a las Administraciones no les ha interesado convocar oposiciones, no querían fijos porque no iban a encontrar a nadie mejor que vosotros y encima el pago a todos estos años ha sido el despido libre y gratuito”.
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