«Existe una ley de publicidad institucional… ¿se cumple por parte de todas las administraciones? Pues no lo sé». Es la autopregunta y la respuesta que se ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista que ha concedido a la Cadena SER este martes 30 de abril. Desde el pasado miércoles, cuando se conoció que un juzgado abría diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias tras una denuncia de Manos Limpias basada en informaciones de prensa «ciertas o no», el presidente del Gobierno ha iniciado una campaña de denuncia contra los «pseudomedios de comunicación». Con este concepto se refiere a determinados tabloides digitales que publican informaciones falsas y difamatorias de forma recurrente.
El líder del Ejecutivo ha reconocido no tener claras las soluciones ante la ola de desinformación que afecta no solo a España, sino a la mayoría de países democráticos: «Tenemos que sentirnos todos involucrados en esta conversación que debemos abrir. No solamente el Gobierno, también los partidos políticos, el Congreso de los Diputados, el Poder Judicial […] y, por supuesto, los medios de comunicación», ha sostenido durante la entrevista, a la vez que ha pedido una mayor transparencia en la financiación de «determinadas webs».
La derecha y la extrema derecha han retorcido la Ley de Publicidad Institucional para otorgar financiación pública de manera discrecional a determinados digitales afines cuyas prácticas son contrarias a la ética y a la deontología periodística. Así, administraciones públicas como la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid otorgan inserciones publicitarias a dedo a webs con líneas ideológicas marcadamente reaccionarias mientras excluyen a medios de comunicación críticos con su gestión.
De esta forma, aunque El Debate fue lanzado el 1 de octubre de 2021, José Luis Martínez Almeida pagó casi 20.000 euros de publicidad institucional al digital dirigido por Bieito Rubido en el cuarto trimestre de ese año a pesar de que, por su reciente creación, el nuevo tabloide no podría contar con datos de audiencias que sustentasen la inversión de dinero público.
En la actualidad, el gerente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez, se encuentra imputado por un presunto delito de malversación en un contrato público debido a los 72.600 euros que concedió a la empresa editora de OK Diario, dirigido por Eduardo Inda, para organizar unas jornadas sobre movilidad sostenible.
De manera habitual, tanto Almeida como Isabel Díaz Ayuso otorgan campañas publicitarias a Periodista Digital, cuyo director ha sido condenado en al menos dos ocasiones por sus insultos contra Pablo Iglesias y el abogado Gonzalo Boye. Asimismo, el pseudomedio vulneró el código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), según una resolución de la propia organización periodística, por publicar un titular en el que llamaba «pardilla» a una mujer víctima de abusos sexuales.
Tal y como publicó lamarea.com, los gobiernos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y de la Junta de Castilla y León otorgaron a Periodista Digital uno de cada cinco euros de su presupuesto para el año 2021, convirtiendo la publicidad institucional de estas administraciones en un elemento fundamental de su financiación.
Vox, por su parte, utiliza el el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACL), dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta, para regar con dinero público a digitales afines como EDA TV, el pseudomedio de Javier Negre y uno de los puntales de la ultraderecha mediática, o los ya mencionados OkDiario, Periodista Digital y El Debate. Estos tabloides, aunque generalistas, tienen su foco informativo en la política nacional y en Madrid.
Una recomendación adoptada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el principal organismo profesional de periodistas del país, el pasado 27 de abril, hace “un llamamiento a todos los periodistas para que denuncien y rechacen a aquellos compañeros y medios que denigren y desprestigien la profesión y que vulneren el Código Deontológico”.
Hace dos años, Unidas Podemos presentó una ley para cambiar los criterios con los que se reparte actualmente la publicidad institucional en los medios de comunicación. La norma tomaba como referencia una propuesta de la Plataforma de Medios Independientes en la que la entidad denunciaba que el dato determinante para dicha asignación es la audiencia, un criterio que puede favorecer a los medios y empresas que distorsionan los datos al usar métodos de agregación de audiencias. También a aquellos que optan por el clickbait o la desinformación.