Cuando el tatarabuelo de los demandantes cerró el acuerdo de arrendamiento a perpetuidad de los recursos naturales todavía no se había descubierto el gas y el petróleo que hoy se explota. Los herederos buscan una compensación por ello porque entienden que el acuerdo no comprendía estos recursos naturales.
Malasia rechaza el laudo final del árbitro español que reconoce una deuda de 13.305 millones € a los herederos del sultán de Sulu
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03/3/2022 06:48
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Actualizado: 12/7/2022 11:57
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Fue a las pocas horas de que Confilegal publicara el artículo sobre el contencioso que los herederos del sultán de Sulu mantienen con el Gobierno de Malasia por el arrendamiento de unas tierras que se remonta al siglo XIX, cuando ese territorio formaba parte del Imperio Español.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país y la Fiscalía General de Malasia han hecho llegar a este diario una declaración oficial sobre el laudo arbitral que el árbitro español, el abogado Gonzalo Stampa, dictó el pasado 28 de febrero en París.
En el mismo el Gobierno de Kualu Lumpur «se opone enérgicamente al Laudo Final y mantiene su posición y postura de no reconocer todas las acciones realizadas por el doctor Stampa en los supuestos procedimientos de arbitraje, así como todas sus decisiones y laudos ilegales».
Malasia se defiende enarbolando su inmunidad como Estado soberano para rechazar el laudo del árbitro Gonzalo Stampa
Tampoco reconoce la reclamación de los herederos del sultán de Sulu. Por ello se ha negado a participar en los procedimientos de arbitraje. Malasia no ha renunciado a su inmunidad como Estado soberano.
El Gobierno Malasio no se limita a hacer una declaración escueta sino que combate el contenido del laudo arbitral de Stampa, en el que concluye que debe pagar 13.305 millones de euros.
«El objeto de la Reclamación no es de naturaleza comercial y, por lo tanto, no puede ser objeto de arbitraje y el Acuerdo de 1878 no contiene ningún acuerdo de arbitraje. Destacamos además que las identidades de las Demandantes son dudosas y aún no se han verificado«, añaden.
Al mismo tiempo señalan que: «El 14 de enero de 2020, el Tribunal Superior de Sabah y Sarawak (el “Tribunal Superior de Sabah”), con sede en Kota Kinabalu, dictó sentencia contra las Demandantes y declaró que el Acuerdo de 1878 no contiene ningún acuerdo de arbitraje, que Malasia nunca había renunciado a su inmunidad soberana, que el árbitro no tenía jurisdicción para resolver el asunto y que el Tribunal de Sabah es el foro natural y adecuado para resolver cualquier reclamación en relación con el Acuerdo de 1878«.
«El Gobierno de Malasia también ha solicitado el reconocimiento y la ejecución de la decisión del Tribunal Superior de Sabah en el Tribunal Superior de Justicia español de Madrid, pero la solicitud aún no se ha visto«, subrayan.
Es de reseñar que, para darle más enjundia a la comunicación el Gobierno de ese país incluye a la Fiscalía General, para contrarrestar las declaraciones que su anterior fiscal general del Estado, Tan Sri Tommy Thomas, hace en su libro biográfico “My Story: Justice in the Wilderness” (Mi historia: Justicia en el desierto), con las que se posiciona a favor de los herederos del sultán de Sulu.
El conflicto no es una cuestión de soberanía sino simplemente una cuestión comercial, afirmó.
Como ya informamos ayer, dos años después de iniciarse este proceso de arbitraje llegó el incidente de nulidad al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
A esto también se refiere el comunicado oficial malasio.
«El 29 de junio de 2021, a solicitud del Gobierno de Malasia, el Tribunal Superior de Justicia de España en Madrid decidió que la notificación de los procedimientos para el nombramiento de un árbitro a efectos de la Reclamación no se entregó correctamente a Malasia de conformidad con el derecho internacional imperativo. normas y leyes españolas (la ‘Decisión de Nulidad)».
«El Gobierno de Malasia mantiene las tesis ya expuestas por esta publicación,
«Tampoco es congruente con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre notificaciones a Estados soberanos. Como consecuencia de la Decisión de Anulación, el Dr. Stampa no es árbitro en el supuesto procedimiento de arbitraje y, por lo tanto, todas sus decisiones, incluido el Laudo Final, son nulas y sin efecto«, vuelve a repetir.
Y reprocha a los herederos del sultán de Sulu que hayan tratado de obtener una orden ex parte del Tribunal de la Gran Instancia de París, Francia (auto de Exequátur) para que se renociera el laudo parcial dictado en esa ciudad por el árbitro español, Gonzalo Stampa, el 25 de mayo de 2020.
A Stampa le recriminan que cambiara la sede del arbitraje de Madrid a París para poder dictar el laudo final.
«Como resultado de la acción de los Demandantes, el Gobierno de Malasia había presentado una apelación contra la Orden de Exequátur en los tribunales de París mediante la cual el Gobierno de Malasia también había obtenido con éxito una orden ex parte de fecha 16 de diciembre de 2021 (“Orden de suspensión”) del Primer Presidente del Tribunal de Apelaciones de París suspendiendo los efectos de la Orden de Exequátur en Francia y prohibiendo a las Demandantes invocarla», explica.
El exequatur es un procedimiento del derecho internacional por el cual los tribunales españoles de encargan de homologar una sentencia o laudo extranjero para que sea plenamente vigente.
De acuerdo con el Gobierno de Malasia, violando y desafiando esta orden de suspensión, los herederos del sultán de Sulu argumentaron que la orden de exequátur estaba en vigor y que debía dictarse un laudo final en París, Francia. Stampa admitió su solicitud sin tener en cuenta los efectos suspensivos de esa orden.
«Por lo tanto, se deduce que el Laudo Final dictado por el Dr. Stampa el 28 de febrero de 2022 no solo viola la inmunidad soberana de Malasia, sino que también se dictó sin tener en cuenta las decisiones de los tribunales de Madrid y París«.
Lo que, a ojos de los Malasios, justifica la denuncia interpuesta por la Fiscalía Española contra Gonzalo Stampa por desacato grave e intromisión profesional. El Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid ha judicializado el caso abriendo unas diligencias previas.
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