España, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Austria, Irlanda, Dinamarca, Malta, Suecia, Finlandia, Eslovenia, Francia, Alemania y Grecia, junto con el Parlamento Europeo, actuarán como terceras partes en la demanda presentada el año pasado por la Comisión Europea.
PUBLICIDADUn total de quince países de la Unión Europea se han unido a un caso judicial contra un Proyecto de Ley de Protección de la Infancia de Hungría, ampliamente criticada por ser contraria al colectivo LGTBI.
España, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Austria, Irlanda, Dinamarca, Malta, Suecia, Finlandia, Eslovenia, Francia, Alemania y Grecia, junto con el Parlamento Europeo, actuarán como terceras partes en la demanda presentada el año pasado por la Comisión Europea. El plazo para sumarse al proceso acabó el pasado seis de abril.
En defensa de "una sociedad inclusiva"
"Nos mostramos firmes en nuestro compromiso con una sociedad inclusiva y la igualdad para todos", declaraba el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica, que había liderado la acusación contra polémica legislación.
Aprobada en junio de 2021, contiene una disposición que prohíbe o restringe duramente las representaciones de la homosexualidad y la reasignación de sexo en los contenidos de los medios de comunicación y el material educativo dirigido a menores de dieciocho años.
Esto desencadenó una reacción política, con países firmando cartas conjuntas y primeros ministros expresando abiertamente su descontento frente a su homólogo húngaro Viktor Orbán.
El Primer Ministro neerlandés Mark Rutte incluso fue más lejos, sugieriendo que si Hungría seguía adelante con la ley "por lo que a mí respecta, no les queda nada en la UE".
La legislación también fue muy criticada por confundir la pedofilia con la homosexualidad, dado que el objetivo declarado del texto es reforzar la protección de los niños frente a los delincuentes sexuales.
Este proyecto de ley "va en contra de los valores de la UE"
La Comisión Europea, que supervisa la compatibilidad de la legislación nacional con las normas de la UE, pidió a Hungría que explicara por qué la prohibición de contenidos LGTB era necesaria para alcanzar los principales objetivos de la ley.
No convencido por el razonamiento de Budapest, el ejecutivo de la UE inició un procedimiento de infracción, alegando que la legislación vulneraba derechos fundamentales y varias regulaciones del mercado único.
"La ley húngara da vergüenza", comentó en 2021 la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. "Este proyecto de ley discrimina claramente a las personas por su orientación sexual y va en contra de todos los valores fundamentales de la Unión Europea: dignidad humana, igualdad y derechos humanos fundamentales. Así que no transigiremos con estos principios".
Un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE
Ante la negativa de Hungría a dar marcha atrás, la Comisión presentó en julio del año pasado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene competencias para imponer cambios en la legislación nacional.
"La ley húngara viola la legislación de la UE, los derechos fundamentales y los valores de la UE. Llevamos a Hungría ante el TJUE y ahora le corresponde al Tribunal pronunciarse sobre el caso", declaró en su momento a Euronews un portavoz de la Comisión Europea.
Ante esta reacción de Bruselas, Budapest se mostró desafiante y prometió seguir adelante con la legislación, citando un referéndum celebrado en 2022 que mostró un amplio apoyo a la postura del Gobierno, pero que no alcanzó el umbral necesario de votos válidos.
"Seguiremos adelante con la ley"
"Para nosotros, la cuestión de la protección de la infancia no conoce compromisos, protegeremos a nuestros niños", declaraba esta semana Péter Szijjártó, ministro húngaro de Exteriores.
"No es simplemente una decisión gubernamental, ni una decisión parlamentaria, sino que es la voluntad del pueblo expresada en referéndum y no conocemos una decisión de mayor nivel en una democracia. Por lo tanto, por supuesto, nos mantendremos del lado de la protección de la infancia, protegiendo a los niños húngaros, independientemente de cuántos países decidan unirse a la demanda contra nosotros".
La lista de países que participan en la causa judicial tiene un marcado componente occidental, lo que refleja una antigua brecha entre el este y el oeste europeo respecto a la protección de los derechos de las personas LGTBI+.
Italia, Estonia, Letonia y Chipre, cuyos dirigentes habían firmado en 2021 una carta colectiva denunciando la ley húngara, no se han sumado a la demanda. En cambio, Eslovenia, que el año pasado se convirtió en el primer país excomunista en permitir el matrimonio y la adopción a parejas del mismo sexo, optó esta vez por incluirse en la lista de demandantes.
Una demanda pionera
"La participación de quince países es pionera", mantiene Katrin Hugendubel, directora de promoción de ILGA-Europa, una ONG que agrupa a más de seiscientas entidades de toda Europa y Asia Central.
PUBLICIDAD"Muestra claramente que la mayoría de los países de la UE desean tomar medidas para garantizar el respeto a la legislación comunitaria y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la Unión", comentaba Hugendubel a Euronews.
"Ante la posibilidad de que Hungría ignore el éxito de la demanda, continuaremos vigilando la aplicación de la ley anti-LGBTI para apoyar a la comunidad húngara y documentar las violaciones de los derechos humanos".