Organismos de Derechos Humanos junto a Familiares organizadxs, profesorxs e investigadorxs de la Universidad Nacional de Córdoba queremos hacer llegar nuestra preocupación ante al nuevo escenario y posible condena de un policía de nuestra ciudad por un caso de Gatillo Fácil ocurrido en julio de 2014. En el presente documento que exponemos al público en general, y que esperamos tenga impacto en los alegatos judiciales pronto a sucederse ante un jurado popular, queremos expresar la grave situación del accionar policial en nuestra ciudad hacia jóvenes de sectores populares.
Damián Perez murió el 8 de marzo del 2022, luego de padecer durante ocho años paraplejia y disfunción neuromuscular de la vejiga ocasionadas por el disparo efectuado por el policía Cabo Mariano Martinez. En el juicio realizado en 2019, el juez Ferrer Veyra -hoy jubilado-, lo absolvió, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia anuló la sentencia judicial y en mayo de 2023 comenzó el nuevo juicio, con el agravante de la muerte de Damián.
A lo largo de las investigaciones socio antropológicas que venimos desarrollando desde hace más de quince años desde el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET-UNC); encontramos graves continuidades y regularidades entre los distintos casos de violencia institucional ocurridos en tiempos democráticos. El caso de Damián visibiliza:
1) Muchos otros casos que implican distintos tipos de lesiones producto de la violencia policial. En los barrios empobrecidos económicamente podemos encontrar a numerosos jóvenes con heridas y lesiones producidas en el marco de detenciones arbitrarias y prácticas de abuso policial cotidianas como acciones de torturas, verdugueo, maltratos físicos y verbales, entre otros. Lesiones en la espalda, en los ojos y las extremidades, con consecuencias significativas tanto a nivel físico como simbólico en las trayectorias de vida de estos jóvenes. Estos tipos de violencias raramente resultan denunciados porque quienes las padecen tienen temor de que puedan agravar los maltratos policiales de los que son víctimas.
Así como este caso podemos citar otros paradigmáticos en Córdoba. Uno de estos fue el de Victor Calderón de 21 años asesinado por siete disparos policiales en febrero del 2022, en barrio Parque la Vega. Este caso ni siquiera llegó a juicio ya que la fiscalía dictaminó que el policía había actuado en legítima defensa al ser amenazado con un arma de fuego por Victor Calderón. O el caso de Joaquin Paredes que en octubre de 2020 fue asesinado en la localidad de Paso Viejo (Cruz de Eje) donde cuatro efectivos policiales dispararon 112 balas asesinando a Joaquín e hiriendo gravemente a otros dos jóvenes.
2) La plantación de armas como práctica habitual de las costumbres policiales, reflejando profundas continuidades con la última dictadura en Argentina. Casos como el del Güeré Pellico y el de Blas Correa, entre tantos otros, muestran cómo por medio de este accionar las fuerzas policiales buscan culpabilizar a las víctimas.
3) Maltrato y deslegitimación de las versiones familiares sobre lo ocurrido en el proceso judicial. Estas prácticas de culpabilización buscan responsabilizar a las propias víctimas por lo sucedido. Las familias no sólo deben atravesar el dolor por la pérdida de sus seres queridos, también deben transitar la burocracia judicial y la violencia en las audiencias judiciales, donde siquiera pueden llorar por sus hijos, ya que no pueden “tenerse expresiones/emociones” dentro de la sala del juicio, como le han dicho a la mamá de Damián.
4) Las políticas de seguridad no pueden reducirse a la cantidad de efectivos policiales que patrullan en los barrios de la ciudad o a los tipos de armas que deben portar.
Por todo lo expuesto, resulta URGENTE desarrollar programas concretos que incluyan a investigadores/as, organismos de derechos humanos, familiares, colectivos y organizaciones sociales, orientados a modificar las políticas públicas desde una perspectiva de derechos. Programas que, por un lado, se focalicen en la transformación de la formación policial tendiente a la profesionalización de sus miembros, pero especialmente de las costumbres policiales así como de sus moralidades y cosmovisiones. De modo que en base a estas transformaciones, se lleven a cabo los cambios sociales, legales y culturales necesarios para que la tarea policial sea ejecutada con perspectiva de derechos.
Asimismo, estos procesos deben incluir la modificación de los andamiajes necesarios para la (re)producción de la violencia policial/institucional a nivel político, judicial y social. Resulta necesaria la transformación inmediata de las rutinas judiciales que no permiten el real acceso a la justicia de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad para enfrentar conflictos jurídicos.
Finalmente, rescatamos las luchas de familiares, especialmente de las madres, que desde hace años, y muchas veces en solitario, vienen reclamando que las consideren como interlocutoras válidas y para que se respete el derecho a la vida de los jóvenes, aún de aquellos en “conflicto con la ley”. Este documento valora y destaca además a aquellas redes, organizaciones y entramados que, con distintos niveles de organización, venimos creando y sosteniendo en los últimos años y entre distintos actores sociales, exigiendo que se garantice el acceso a derechos de las poblaciones vulneradas. En el marco de la celebración de los 40 años del retorno a la vida democrática, decimos NUNCA MÁS.
